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1.ª El Consejo de Gobierno, previa audiencia al concejo afectado y dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, podrá suspender motivadamente, en todo o una parte de su contenido y campo territorial, cualquier instrumento de ordenación urbanística general, concretando el ámbito y los efectos de dicha suspensión, por un período de hasta un par de años, período durante el cual va a deber generarse su innovación. La entrada en vigor de los instrumentos de ordenación urbanística se generará a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y de la normativa urbanística, a menos que el acuerdo de aprobación establezca un plazo superior. La aprobación de las Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización corresponderá a los Ayuntamientos, anterior su tramitación de conformidad a lo sosprechado en la legislación de régimen local, en el momento en que se tramiten y aprueben de manera independiente a un instrumento de ordenación urbanística.

Caso de que permanezca una pluralidad de personas responsables, la influencia se demandará solidariamente. La rivalidad municipal para resolver los procedimientos de restablecimiento de la legalidad será la determinada en la legislación sobre régimen local. El ayuntamiento ostenta rivalidad para el restablecimiento de la legalidad frente actuaciones que vulneren la ordenación urbanística. El ejercicio de dicha potestad se prolonga del mismo modo a las actuaciones a que se hace referencia en el apartado anterior cuando influyan en las competencias municipales sobre restablecimiento de la legalidad urbanística. B) Suelos rústicos mantenidos por los instrumentos de ordenación territorial previstos en esta Ley. En el momento en que se haya presentado declaración responsable, a pesar de que se requiera para la actuación declarada licencia u otro título habilitante, la Administración actuará conforme a lo previsto en esta Ley para las actuaciones sin el título habilitante necesario.

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D) La delimitación de los recursos y espacios que deban contar con una singular protección por su valor histórico, cultural, urbanístico o arquitectónico. D) Anejos, que incluirán cualquiera otros documentos que vengan de manera expresa exigidos por la legislación sectorial aplicable. 1.º Información, que contendrá la documentación gráfica necesaria para la entendimiento de la Memoria de información y de diagnóstico.

N) Los criterios de periodicidad y contenido preciso para la elaboración de memorias de administración en las que se evalúe el nivel de cumplimiento de las determinaciones del plan y sus efectos. Y también) Establecer el marco para la cooperación interadministrativa de la Administración Autonómica con el resto de Administraciones Públicas en materia territorial y urbanística, y de estas entre sí, tal como con las entidades representativas de los intereses sociales, económicos y sectoriales, para diseñar políticas de carácter sectorial dirigidas al interés general de los ciudadanos. B) La indicación de las zonas del espacio litoral que por sus funciones territoriales o por sus valores naturales o paisajísticos deben ser preservadas del desarrollo urbanístico o deban ser parte de infraestructuras verdes. C) Los Proyectos de Actuación Autonómicos, en el momento en que desarrollan actuaciones no previstas en el planeamiento territorial vigente que, de conformidad con lo previsto en esta Ley, sean declaradas de interés autonómico. H) Implantación de las infraestructuras con criterios de calidad, economía y eficacia, tanto ambientales como territoriales, con particular atención al sistema de transportes. 1.º Los que no logren posicionarse en continuidad con el suelo urbano, debido a la presencia justificada de elementos naturales, infraestructuras o dolencias sectoriales.

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También se establece un marco básico que deja reconocer, a través de los instrumentos de ordenación urbanística, los núcleos rurales tradicionales, los campos de hábitat rural esparcido y el hábitat troglodítico. Mejorar el contenido y la llegada de las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial en aras de propiciar unos instrumentos mucho más prácticos, realistas, ejecutables y no meramente teóricos. Los actuales instrumentos de ordenación territorial adolecen de exceso de determinaciones negativas y sus propuestas rara vez se ejecutan. Es requisito revertir esa tendencia. Esta operación de aligeramiento de la regla legal exige una adecuada planificación del desarrollo reglamentario que tenga dentro la regulación propia de su rango normativo en el marco de las determinaciones y principios generales de la ley.

No obstante, en los hospedajes turísticos en los que la piscina sea para uso exclusivo del personal alojado y en Comunidades de Dueños donde las casas estén a menos de 25 metros del vaso, no va a ser obligatoria la existencia de vestuarios. También, este control inicial se llevará a cabo, en cualquier caso, después de tener el vaso cerrado mucho más de dos semanas o después de cierres temporales que puedan sospechar variaciones significativas de los factores de control del agua o aire. El agua va a deber circular por los distintos procesos unitarios de régimen antes de pasar al vaso. Modelos químicos utilizados para el régimen del agua del vaso. La entrada de agua al vaso se efectuará de manera que se imposibilite el reflujo o retrosifonaje del agua de este a la red de distribución.

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G) La delimitación de los bienes y espacios que deban contar con una protección por su valor histórico, cultural, urbanístico o arquitectónico, estableciendo las determinaciones precisas para su conservación, protección y optimización, o remitiendo las mismas a un Plan Particular o Catálogo. Y también) Resumen Ejecutivo, que contendrá la documentación establecida en la legislación estatal vigente, al objeto de hacer más simple la participación y consulta por la ciudadanía. C) Priorizar la utilización del espacio público urbano por el peatón en frente de los vehículos motorizados y la conexión de éste con el ambiente rural, garantizando las condiciones de accesibilidad universal.

El contenido del Plan de Ordenación Intermunicipal comprenderá las determinaciones propias de los Proyectos Generales de Ordenación Municipal que sean adecuadas para el cumplimiento de su objeto concreto. Los criterios y directrices que constituya el Plan General de Ordenación Municipal van a deber asegurar, en cualquier caso, una correcta equidistribución de cargas y beneficios entre las distintas actuaciones de nueva urbanización que se prevean o se permita definir. A) Dotar a la localidad de espacios libres y zonas verdes en proporción suficiente para atender las pretensiones de esparcimiento de la población y para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. En su ordenación se intentará la conexión en red de estos espacios, la utilización de arbolado y superficies permeables y la integración de los elementos naturales y patrimoniales preexistentes. Producto 61. Criterios para la ordenación urbanística.

Caso Abierto

La ratificación expresa o presunta generará, en cualquier caso, la transmisión al Ayuntamiento, por ministerio de la ley y libres de cargas y impuestos, de todos y cada uno de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita. Los proyectos de reparcelación deberán asegurar la justa distribución de beneficios y cargas y ajustarse a los criterios, trámite y contenido que se establezcan reglamentariamente, incluyendo el tratamiento de los recursos de dominio público, que habrá de respetar lo sosprechado en la legislación reguladora de los patrimonios públicos y legislación sectorial de app. En todo caso, va a ser indemnizable el valor de las plantaciones, instalaciones, construcciones y usos legalmente que ya están en los terrenos originarios que tengan que ocultar necesariamente para poder llevar a cabo la ejecución del instrumento de planeamiento. B) La obligación del municipio o municipios afectados de seguir a la innovación de sus instrumentos de ordenación urbanística para la adaptación de sus determinaciones a las de la ordenación territorial en los términos previstos en estas. Sin embargo, se habrá de estar a lo preparado en los artículos 55.3 y 56.3.

De ellas, cuando menos una va a prestar servicios en la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y otra en la Consejería competente en materia de Hacienda. En el informe pensado en la tramitación del Plan Especial, la Consejería competente en materia de Vías Pecuarias se pronunciará con carácter vinculante sobre la delimitación del campo. Los Proyectos Destacables, cuyo contenido se desarrollará reglamentariamente, establecerán las medidas necesarias para eludir nuevas edificaciones dentro de la agrupación y en su ambiente inmediato. A estos efectos, podrán definir áreas para el ejercicio del derecho de tanteo y retracto. La declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación irregular no supone su legalización, ni produce efectos sobre aquellos otros procedimientos a los que hubiera dado sitio la actuación efectuada en contra del ordenamiento jurídico, y lo es sin perjuicio de la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En esos teóricos en que la persona obligada en el procedimiento de protección de la legalidad sea distinta de la que resulte infractora en el procedimiento sancionador por los mismos hechos, la persona infractora solo va a tener derecho a las reducciones previstas en la legislación de procedimiento administrativo general.