1.- A los contratos regulados en la disposición adicional novena de la LCSP [Normas especiales para la contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones] resultan de aplicación las exigencias procedimentales previstas en el producto 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Ámbito Público, para los contratos menores, con la especialidad que ahora se apunta. Los licitadores son aceptados al trámite de licitación desde el instante en que presenten sus sobres o ficheros electrónicos en plazo. Esto, no obstante, cabrá que sean excluidos si no cumplen los pliegos en su apariencia técnico o económico o si, tras la calificación de la documentación, incumplen los requisitos anteriores para licitar en el contrato de que se trate. En el instante de creación del medio propio conjunto hay que justificar que su creación sea una alternativa mucho más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica o que sea preciso por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los recursos o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.
C) 2º de la LCSP o agacharse por una modificación en el momento en que se cumplan los requisitos del producto 205.2 a) de la misma ley. No se ajusta a esta Junta Consultiva informar de las cuestiones de derecho laboral que delegen de interpretación de las normas, convenios y pactos que impongan la subrogación, así como de aquellos puntos de derecho laboral derivados de la subrogación efectuada. No corresponde a esta Junta Consultiva informar sobre la llegada de la obligación de subrogación impuesta por un convenio colectivo preciso por tratarse de una cuestión de índole laboral. Cuando una entidad local sufrague los gastos o costos de una actividad de investigación científica y técnica o de innovación efectuadas por otro agente del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y también Innovación, o aporte los elementos económicos precisos para la realización de dichas actividades, actuando como agente de financiación del meritado sistema, no le resulta de app la DA 54ª de la LCSP. En semejantes servicios especiales solo se comprenderían incluidos esos contratos que hayan sido asignados a la división por no poderse encuadrar en ninguna de sus conjuntos, clases y categorías.
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3.- El artículo 216 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Ámbito Público, ciñe la obligación de presentación de las facturas electrónicas a aquellas que se presenten “desde la fecha sosprechada en tal disposición” (DA 32ª). Las presentadas de antemano son perfectamente eficientes a todos y cada uno de los efectos jurídicos. Las que se presenten con posterioridad solo lo van a ser si, estando operativo el Registro y habiendo llegado el 30 de junio de 2018, se presentan al Registro en forma electrónica. 2.- La normativa contractual pública exige en ciertos teóricos la presentación electrónica de las facturas a través del Registro Electrónico Único. La no utilización del mismo piensa el incumplimiento de la obligación legal y que semejantes facturas se tengan por no entregadas con la consecuencia de su falta de efectos. Según con el producto 60.1.a) del TRLCSP, caso de que el administrador de una empresa estuviese incurso en una situación de prohibición de contratar, bien se fije en la propia sentencia la prohibición bien por el Ministerio de Hacienda, la prohibición de contratar alcanza a la empresa de la que sea administrador vigente su cargo hasta su cese, aún cuando la prohibición en que está incurso el administrador derive de su actuación en una empresa diferente.
(…) En consecuencia, es criterio de esta Junta que el órgano de contratación no acepta responsabilidad alguna por la imprecisión o por la carencia de certeza de la información suministrada por el contratista saliente (tal responsabilidad no sería congruente con el contenido del artículo 130.5 LCSP) ni tampoco acepta una obligación activa de contrastar la información suministrada. En los presuntos de cesión de una concesión de obra pública, si la cesión del contrato tiene sitio en el momento en que las proyectos ahora están concluidas, y siempre que se cumpla con el resto de demandas formales previstas en la Ley, no podrá demandarse al cesionario de la explotación la clasificación que fue requerida en su instante para la construcción de la obra, siendo bastante el cumplimiento de los requisitos de aptitud y solvencia precisos para la gestión del servicio público. La LCSP deja que el que ha participado en la redacción de pliegos de cláusulas administrativas particulares pueda elaborar los reportes de opinión de criterios dependientes de un juicio de valor, los referentes a criterios evaluables a través de fórmulas y los que se realicen en el trámite de justificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad.
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1º.- Que la posibilidad de aportar una modificación, así como sus formas, estén previstas de manera clara, precisa e inequívoca en la documentación de la licitación. C) Son exigibles a las empresas integrantes de una UTE la totalidad de las obligaciones impuestas a exactamente la misma en un contrato. B) Idéntica conclusión hay que alcanzar en cuanto a los medios materiales precisos para la ejecución de un contrato público.
Las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Popular no tienen la posibilidad de centralizar la contratación por medio de servicios especializados propios, ya que no están incluidas dentro del ámbito subjetivo de entidades del campo público a las que la LCSP les asigna la potestad de creación de centrales de compra. La suscripción a cada períodico podría hacerse de modo separado siempre que no se vulnere la prohibición de fraccionamiento ilícito del contrato, cuestión que habrá de apreciarse caso por caso por el órgano de contratación. A juicio de este órgano consultivo, es ajustado a derecho el recurso al procedimiento de emergencia descrito en el producto 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, bajo el cumplimiento de las condiciones descritas en el cuerpo del presente informe.
En caso de que el acuerdo marco no estableciese nada al respecto, son los órganos de contratación de cada contrato basado, los eficientes para resolver las cuestiones que logren surgir respecto de cada contrato apoyado. (…) De esta manera, si bien no se requiera a los acuerdos de modificación de los objetos sociales el complemento registral para considerarlos perfeccionados, su inscripción en el Registro Mercantil les otorga la eficacia derivada de los principios registrales de legitimación, fe pública y oponibilidad, antes nombrados, en relación con terceros. En este sentido, la inscripción de los acuerdos de modificación de los objetos sociales acredita frente a terceros –y, por consiguiente, también ante la Administración o entidad del ámbito público contratante–, la existencia y la validez de la modificación adoptada desde adentro. La constatación de la vida de la prohibición de contratar del producto 60.1 b) del TRLCSP [“Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, de falseamiento de la competencia…] con posterioridad a la adjudicación del contrato genera la nulidad del acto de adjudicación del mismo sólo cuando esta causa de prohibición de contratar ahora tenga existencia antes de dicha adjudicación y consecuentemente en el instante de la adjudicación. Según con el artículo 333 del artículo refundido de la Ley de Contratos del Ámbito Público y la normativa reguladora del Registro Público de Contratos de la Generalitat de Catalunya, únicamente tienen que anotarse en este Registro los contratos públicos incluidos en el campo de app del TRLCSP. En consecuencia, los contratos patrimoniales no se deben reportar al Registro Público de Contratos de la Generalitat de Catalunya, en tanto que se encuentran excluidos del ámbito de aplicación del TRLCSP.
Los efectos de la prohibición de contratar se producen desde la fecha en que se anota exactamente la misma en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Contratistas del Estado, sin que llegue a generar eficacia retroactiva respecto de los contratos que están en vigor en el momento en que se acuerde aquélla. La prohibición de contratar, con independencia de las causas comprendidas en el artículo 60 del TRLCSP, implicará que el empresario no puede ser adjudicatario de nuevos contratos siguientes a exactamente la misma, al carecer de aptitud para contratar (producto 54 del TRLCSP). 2.- No procede que la Mesa proponga al órgano de contratación la declaración de desistimiento, dado que en el supuesto analizado no concurre una infracción insubsanable de las normas de preparación o reguladoras del trámite de adjudicación del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155.4 del TRLCSP. Recordar que el régimen de las actualizaciones como un método de adjudicación debe representar un valor agregada para el contrato, siendo preciso que más tarde se lleve a cabo un control y rastreo de su app para garantizar su efectivo cumplimiento y materialización teniendo en cuenta que la inejecución de esas actualizaciones vulnera los principios de propaganda y transparencia de los procedimientos, tal como no discriminación y también igualdad de trato de los candidatos proclamados en los productos 1 y 123 del TRLCSP.
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NO, Según con este precepto y con el apartado 6 del artículo 130, se sabe que el contratista saliente es el único responsable de la veracidad de la información suministrada, siendo el órgano de contratación un mero mediador en el suministro de información entre el contratista saliente y los licitadores del nuevo contrato. Confirmación de que el vigente contratista se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones salariales y con la seguridad popular. Esta referencia es exageradamente vaga y también imprecisa. Por supuesto, el órgano de contratación, como después observaremos, no es responsable de esa confirmación, operación que deberá asumir el licitador de conformidad con los datos de que disponga. En lógica congruencia con lo anterior, el fundamento de la información que debe dar el contratista, concretando qué información es la precisa (pues es el que mejor puede conocer la situación de sus trabajadores y de su compañía y las eventuales situaciones que tengan la posibilidad de influir en la determinación del coste salarial) es exactamente que aquella resulte que se requiere para valorar apropiadamente los costos laborales de la subrogación.
Tal derecho sobrevive mientras que no se haya liquidado terminantemente el contrato. A partir de la liquidación es cuando comienza a correr el período de prescripción. Excede de las competencias de esta Junta elaborar un pronunciamiento expreso sobre el alcance y instante de la función interventora en los expedientes de contratación, juicio que corresponde a los órganos con competencias de regulación en la materia. El alojamiento en uno de estos 2 sistemas, estatal o autonómico, tiene carácter único y excluyente, tal es así que los efectos de la publicación en el perfil se cumplen solo y de forma exclusiva en el momento en que se realiza esa publicación en el perfil que está alojado en la plataforma estatal o en la semejante autonómica. La previo conclusión no excluye, no obstante, que la especificidad o excepcionalidad propia de ciertos casos que requieran, por servirnos de un ejemplo, una especialización jurídica determinada, puedan ofrecer rincón a la contratación singular de la defensa jurídica para un pleito preciso, anterior justificación de esta particularidad en el expediente. Procede la incorporación de las ocupaciones de legalización de instalaciones preexistentes y de la tasa de industria en el término de costos en general de la compañía conforme al artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Gestiones Públicas.