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G) Rincón, fecha y plazo de presentación de la opción alternativa técnica. A) Los requisitos de solvencia técnica y económica, distinguiendo las correspondientes para formar parte en cada una de las fases del procedimiento. E) Efectos previsibles sobre el medioambiente y sobre los elementos estratégicos del territorio. B) Promover la redacción de los proyectos profesionales precisos para ello. A) Promover, gestionar y financiar la actuación programada, a su riesgo y ventura.

H) La demolición de edificaciones no tolerada por el planeamiento urbanístico. G) La edificación en parcelas cuya superficie sea inferior a la establecida como mínima edificable. En este caso, la multa se graduará en función de la mayor o menor desproporción que permanezca entre la área de la parcela edificada y la superficie de la parcela mínima según el plan. B) El incumplimiento del aprovechamiento urbanístico fijado en el planeamiento. Esta sanción se impondrá en su cuantía máxima si la división efectuada lesiona el valor concreto que, en su caso, resguarde el ordenamiento urbanístico. En cualquier caso, el importe de la multa no va a ser jamás inferior a la diferencia entre el valor inicial y el de venta de la parcela pertinente.

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La área de parcela neta, en el momento en que contenga una edificación legítima que deba conservarse, no computa dentro del campo o ámbito al utilizar los aprovechamientos tipo o reglas de equidistribución u otros índices o estándares generales. Si la segunda convocatoria de la subasta o certamen asimismo se declarase desierta, el ayuntamiento, en un período no mayor a tres meses, podrá comprar el inmueble por el precio de la última licitación, con destino al patrimonio municipal de suelo. Con la declaración de incumplimiento del deber de edificar, si el municipio hubiera elegido la forma de actuación por venta forzosa, empezará este procedimiento logrando emplear la subasta o el certamen. En el supuesto de la actuación en régimen concertado regulada en el producto 194.1.c.3 de este texto refundido, y de forma obligada en el de la edificación forzosa sin concierto, las partes afectadas van a poder formar parte en ella recibiendo, a través de reparcelación horizontal, dependencias construidas, sin aportación dineraria, a cambio de sus primitivas características, en régimen de equidistribución. C) Constitución de garantía por un importe mínimo del cinco por ciento del importe de las cargas del programa de actuación, introduciendo los costos de urbanización. E) Porcentaje de casas de protección pública a integrar en la edificación, en el caso de actuaciones de renovación o regeneración urbana de uso global residencial.

Toda la documentación se presentará según los formatos establecidos en el anexo IX de este texto refundido, o disposición reglamentaria aprobada a través de Decreto del Consell que lo modifique. A) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan aprobado y una referencia a la dirección de la web donde el órgano sustantivo va a poner predisposición del público el contenido íntegro de tal plan. Y también) El análisis del cumplimiento de los parámetros, determinaciones y documentos exigibles para la formalización del plan, conforme a la legislación aplicable, sugiriendo asimismo medidas de rastreo. D) Integrar y también integrar los estudios exigidos por la legislación sectorial para investigar los impactos en ámbitos concretos así como movilidad, vivienda, Red Naturaleza 2000, bien común, paisaje, entre otros muchos. A) Un archivo sobre el alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, adjuntado con las contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, en el que se determinará la amplitud, nivel de aspecto y nivel de especificación que debe tener el mencionado estudio e instará a la continuación de la tramitación por el procedimiento ordinario.

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C) Memoria justificativa de la selección realizada, clasificación y géneros de protección, proposiciones normativas y de actuación. Cuadro resumen con los principales datos de la catalogación. Los elementos que forman una parte del catálogo de protecciones podrán identificarse tanto individualmente, como formando una parte de un conjunto.

Artículo 178. Registros de programas de actuación y de agrupaciones de interés urbanístico y entidades urbanísticas cooperadoras. Y también) Admitir el derecho a adherirse a favor de las terceras personas dueñas afectadas por el programa de actuación, en las mismas condiciones y análogos derechos que los fundadores. 3.º Avance de la equidistribución de provecho y cargas. H) Alzar acta de recepción de la urbanización con las tachas que correspondan, efectuar la medición y liquidación de las obras de urbanización realmente ejecutadas y, en su caso, entregarla al nuevo agente urbanizador.

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Van a ser causantes todas y cada una la gente físicas o jurídicas que incurran en infracción urbanística en sus conductas, obras, actuaciones o mediante el incumplimiento de sus obligaciones o de las órdenes de las que sean destinatarias. En exactamente los mismos términos, se impondrá la sanción de inhabilitación para operar como compañía constructora de programas de actuación. Son del mismo modo infracciones muy graves las parcelaciones ilegales en suelo pendiente de programación o respecto al que el planeamiento no autorice su urbanización. A) A la imposición por la administración de multas coercitivas, hasta lograr la ejecución de las medidas de restauración por la persona que esté obligada. Las multas represivas se van a poder imponer por periodos de un mes y en cuantía de seiscientos a tres mil euros todas ellas, según sean las medidas previstas, con un máximo de diez. Estas multas represivas se impondrán con independencia de las que logren imponerse con ocasión del pertinente expediente sancionador.

La administración promotora del plan podrá pactar la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición, para campos ciertos, con la intención de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística. El acuerdo del Consell designará los órganos responsables de la elaboración, tramitación, aprobación, administración y seguimiento del emprendimiento de inversión estratégica sostenible pertinente y de los restantes instrumentos de gestión y edificación. D) Identificación de los instrumentos y estándares urbanísticos necesarios y la secuencia de su tramitación que incluirá los umbrales de los factores urbanísticos relativos a la edificabilidad, usos pormenorizados, tipologías edificatorias y demás condiciones que van a deber caracterizar el plan que desarrolle su ordenación urbanística.

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Recibida la documentación se someterá a solicitud pública en los términos pensado en el producto 51 del presente artículo refundido y se va a dar audiencia a los municipios afectados. Finalizado el plazo de consultas, la conselleria competente en materia de ordenación del territorio emitirá informe de adecuación y compatibilidad con los objetivos, principios y criterios de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. De ser conveniente, la conselleria competente en temas de ordenación del territorio, elevará la iniciativa para su declaración por el Consell, que, en su caso, podrá declarar su interés público y el acogimiento a los regímenes preferentes en lo que se refiere a su tramitación, virtudes fiscales, exenciones de cargas urbanísticas y otras, previstas en la legislación vigente.

B) Informes de los diferentes departamentos y órganos competentes de las gestiones estatal, local y autonómica que pudieran verse afectados en sus respectivas competencias, tal como de los ayuntamientos colindantes. Se solicitará también informe del ayuntamiento sobre cuyo término municipal se pida implantar la actuación. Estos informes podrán versar sobre el contenido de su planeamiento u otras consideraciones de ocasión. La falta de emisión en el período de un mes de los informes no interrumpirá la tramitación, todo ello sin perjuicio de lo que se derive de la legislación sectorial. La conselleria competente en materia de urbanismo, a iniciativa alentada del ayuntamiento afectado, establecerá un determinado plazo de vigencia del empleo y aprovechamiento atribuido por la declaración de interés comunitario, que no va a poder sobrepasar de treinta años.