Licencia De Pesca Fluvial Euskadi

A la visión de la documentación presentada, del resultado del trámite de información pública y de los reportes antes citados, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco realizará una propuesta de resolución que someterá a un trámite de audiencia para la persona interesada por un período de quince días. En caso de que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco recibiese alegaciones durante el periodo de información pública, estas van a ser trasladadas a esos órganos que deban pronunciarse para su cuenta en su informe, para lo cual dispondrá de un período adicional de un mes. Pasados los plazos previstos en los apartados anteriores sin que se hubieran emitido los informes, se va a poder otorgar la autorización, contemplando en exactamente la misma las especificaciones del vertido y las medidas correctoras requeridas, que se establecerán de conformidad con la legislación sectorial aplicable. Sin embargo, los informes recibidos fuera del período señalado y antes del otorgamiento de la autorización deberán ser tenidos en consideración por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Caso de que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco recibiese alegaciones durante el período de información pública, estas serán trasladadas al ayuntamiento en el que se ubique la actividad o instalación para su cuenta en su informe municipal, para lo cual dispondrá de un plazo ampliado de un mes adicional desde el momento de la recepción de dichas alegaciones por la parte del órgano ambiental. Con anterioridad al inicio de los procedimientos relativos a los regímenes de intervención ambiental, la persona física o jurídica promotora de la actividad va a poder pedir al órgano competente para su tramitación información sobre los requisitos administrativos y técnicos de dicho procedimiento.

De acuerdo con los planes de inspección, las administraciones públicas realizarán de manera regular programas de inspección ambiental prefijadas que integren la frecuencia o el número de visitas para los diferentes géneros de actividad. La inspección ambiental tiene por finalidad asegurar la adecuación a la legalidad ambiental de las ocupaciones sometidas a esta ley, así como contrastar el cumplimiento y la eficacia de las condiciones establecidas en las autorizaciones y licencias o comunicadas por las propias personas sucesos. A) Validación documental de los requisitos y datos precisos para la solicitud de autorizaciones ambientales, licencias, comunicaciones y afirmaciones causantes, renovaciones y ediciones de las anteriores, tramitación de subvenciones y cualquiera otros documentos vinculados a trámites contemplados en la presente ley y en la normativa básica que, en su caso, resulte de aplicación. El informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si tras su publicación no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo de cuatro años.

Ley Diez/2021, De 9 De Diciembre, De Administración Ambiental De Euskadi

Esta autorización precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se amoldará a las ediciones que se produzcan en las instalaciones. Las administraciones públicas que intervengan en los procedimientos de intervención ambiental deberán respetar la confidencialidad de las aclaraciones aportadas por el promotor o la promotora que, de conformidad con la normativa aplicable, tengan dicho carácter, sabiendo, en todo caso, la protección del interés público. H) Enseñar la comunicación anterior de comienzo de desempeño o apertura de las ocupaciones sostienes a autorización ambiental integrada, autorización ambiental única y aquellas otras ocupaciones y también instalaciones sujetas a comunicación o declaración responsable ante el órgano ambiental de la Red social Autónoma del País Vasco, tanto al citado órgano como al ayuntamiento donde se ubique la instalación. Asimismo, la ley integra en los métodos de autorización ambiental integrada y autorización ambiental única el procedimiento para el otorgamiento de la autorización de vertidos al dominio público hidráulico de las cuencas gestionadas por la Administración General del Estado y por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En caso de que el contratista presente la factura fuera del período pensado en el parágrafo primero, in fenezca, del artículo 216.4, el devengo de los intereses a su favor, no se iniciará hasta transcurridos 30 días desde la presentación de la factura en el registro correspondiente, en tiempo y forma, sin que la Administración haya dado la conformidad, si procede, y realizado el pertinente abono. El acto administrativo de aprobación de la certificación de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo preparado en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, que se corresponde, en el campo de la administración presupuestaria, con el del reconocimiento de la obligación es el que va a determinar el inicio del cómputo del período de pago de 30 días pensado en el artículo 216.4 del TRLCSP. A mi parecer, la no vigencia – expresamente declarada (D.T. 4ª)- del artículo 79 bis, debe conducir a la app plena –sin límite alguno- del producto 79 bis tal y como cabe inferir del brocardo jurídico “Donde la ley quiso decir ha dicho [Art.

Informes Juntas Consultivas De Contratación Administrativa

4.c) Almacenaje de gas natural sobre el lote. Tanques con aptitud unitaria igual o mayor a 200 toneladas. A efectos de esta ley, se comprenderá por consolidación de regadíos las acciones que afectan a regadíos infradotados de agua, bien por falta de agua, bien por pérdidas excesivas en las conducciones, y que tienen como fin completar las pretensiones de agua de los cultivos existentes. Se piensan acciones de mejora de regadíos las que afectan a la área regada bastante dotada de agua, sobre la que se prevén acciones tendentes al ahorro de agua o mejoras socioeconómicas de las explotaciones. Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie igual o superior a 10 hectáreas.

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El órgano competente determinará la forma y actuaciones exactas para la reparación de los daños ocasionados, fijando los plazos de iniciación y terminación de las operaciones y, en su caso, el plazo de abono de la indemnización que sea correcto. La metodología de reparación prevista en la normativa sobre responsabilidad ambiental podrá aplicarse subsidiariamente. La compromiso medioambiental que se demande en aplicación de la normativa señalada en el apartado previo es compatible con el régimen de restauración de la legalidad ambiental y con el régimen sancionador administrativo previstos en esta ley o en otras leyes sectoriales, tal como con la responsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido, a pesar de que los hechos que la originen sean exactamente los mismos.

Esto es, si se puede o no, convenir o imponer, según las situaciones, una prórroga sobre el contrato en vigor. La respuesta pasa por considerar la prórroga como una vicisitud posterior a la celebración del contrato que no queda afectada por la prohibición de contratar. Pudiendo, ya que, el órgano de contratación exigirla ya que consta en los pliegos así como consta en la consulta, cumpliendo lo previsto en el artículo 23.2 mencionado TRLCSP. II. Los requisitos establecidos en el artículo 3.3 del TRLCSP –y derivados del término de organismo de derecho público comunitario– para determinar que una entidad incluida en el campo público, a efectos de la normativa de contratación pública, tiene la consideración de poder adjudicador deben interpretarse de conformidad con la normativa y jurisprudencia comunitaria, en los términos señalados en la consideración jurídica II de este informe.

5.6 Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 5.5 en espera de la app de alguno de los tratamientos nombrados en el apartado 5.1, 5.2 y 5.5, con una aptitud total superior a 50 toneladas, excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el lugar donde el residuo es generado. Ii) Fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas del día a día, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción mayor a 50 toneladas al día. C) La modificación importante de las condiciones que motivaron la ejecución del proyecto.

• La determinación del período inicial unido a sus posibles modificaciones deberá respetar los límites generales establecidos en el artículo 29.1 de la LCSP. • Es posible admitir a la licitación a un operador económico que por razón de su reciente creación no haya podido finalizar al menos un ejercicio de actividad económica siempre que acredite su solvencia económica por medios alternos. En los demás teóricos, ha de cumplirse el volumen mínimo de facturación predeterminado en el pliego. • El requisito referido al volumen de facturación ha de interpretarse conforme a la LCSP, siendo posible aceptar a la licitación a una persona que acredite un volumen de facturación de conformidad con lo demandado en ella, si bien su creación sea mucho más reciente.

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Las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Popular, mientras entidades del campo público con carácter de poder adjudicador conforme al producto 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Campo Público, están habilitadas para acudir, en los términos previstos en la ley, a los sistemas de racionalización y centralización de la contratación administrativa en aras de una mayor eficacia de sus compras públicas. Se plantea la posible imposibilidad de adjudicar contratos -en ese caso de vigilancia y seguridad de oficinas-, a la que se enfrentan los órganos de contratación por carecer de licitadores, frente a la indecisión de las probables empresas interesadas, en relación a los costes laborales efectivos que tengan la posibilidad de derivarse de la subrogación de los trabajadores con ocasión del concurso de la compañía X, y que afecta, en un caso así, a unos 4.000 trabajadores. En estos supuestos, los licitadores son reticentes a concurrir, entre otras caracteristicas, por no disponer, con la seguridad deseable, de la información laboral completa a la que hace referencia la LCSP y esto con el objetivo de poder hacer “una evaluación exacta de los costos laborales”. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sido sancionadas por infracciones graves y muy graves previstas en esta ley a través de resolución firme en vía administrativa no van a poder contratar ni obtener subvenciones de las gestiones públicas y de las entidades del ámbito público de la Comunidad Autónoma del País Vasco hasta no haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes y haber satisfecho la sanción. En el momento en que así lo demande la normativa sectorial correspondiente y en concordancia, en cualquier caso, con lo predeterminado en la normativa sobre ingreso del público a la información medioambiental, las gestiones públicas pondrán predisposición de la ciudadanía por medios electrónicos los reportes relativos a las inspecciones efectuadas en el plazo de cuatro meses desde la visita. C) Incorporar en los procedimientos de contratación pública la utilización de la etiqueta ecológica de acuerdo con lo que en esta materia establece la normativa sobre contratos del campo público.

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