En cambio, si se muestra la documentación referida o si se autoriza el órgano de contratación para conseguirla de forma directa, en el plazo otorgado, pero con algún defecto subsanable, hay que dar a la empresa un período para que pueda subsanar la documentación, en los términos indicados en el apartado 2 de la consideración jurídica III de este informe. En el supuesto analizado, para la ejecución de un contrato cuyo objeto es la ejecución de proyectos de edificación, de pavimentación de calles, cimentaciones, movimientos de tierra, etc., se presenta un licitador cuyo objeto social es, según sus estatutos, la “actividad inmobiliaria relativa tanto a fincas urbanas como rústicas”. Esa empresa se encuentra dada de alta en epígrafes del IAE correspondientes a afines trabajos de los que son objeto de licitación. Los secretos industriales, profesionales o comerciales, los intereses comerciales lícitos, los derechos de propiedad intelectual o la información que pueda afectar a la competencia leal entre compañías tiene carácter confidencial. También es susceptible de ser declarado como confidencial aquella información que tiene un enorme valor para las compañías o supone un activo de importancia pues es consecuencia de inversiones en investigación, de entendimientos comprados por la experiencia o porque tiene un valor estratégico particular ante el resto de candidatos o de licitadores o representa una cierta forma de gestión empresarial. II. De no existir acto expreso o presunto opuesto al ordenamiento jurídico, sino una mera situación fáctica que se vino sucediendo en el tiempo y que se considera irregular, debería a la mayor brevedad ponerse fin, sin más efectos que la pertinente remuneración por los servicios prestados en aplicación de la teoría del enriquecimiento injusto.
El derecho de los contratistas a reclamar una eventual indemnización por los gastos derivados de la constitución indebida de un aval por el cobro de abonos a cuenta, si estos abonos no se llegan a satisfacer, no se puede considerar como un gasto accesorio derivado de la carencia de pago del precio del contrato en plazo por la parte de la Administración. Comienza por poner énfasis el informe respeto a este tema que aun caso de que la compañía que participase en la licitación fuera la misma que elaboro el proyecto no por ello habría de quedar de manera automática excluida, ya que como señala el precepto tal exclusión tendrá lugar “…siempre y cuando dicha participación pueda ocasionar limitaciones a la libre concurrencia….”, por ende si no se da esa restricción -que habría de ser acreditada-, podría tomar parte. B) Idéntica conclusión hay que lograr en cuanto a los medios materiales precisos para la ejecución de un contrato público.
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• La gente que rigen las empresas; o sea, los integrantes del órgano de administración y de dirección y los inversionistas. II. Los factores objetivos que determinarán el carácter desproporcionado de las ofertas tienen la posibilidad de establecerse por los órganos de contratación tomando en consideración cambiantes estadísticas distintas de la media. Del mismo modo se va a poder excluir del cálculo los valores extremos, con el fin de minimizar el efecto distorsionador de estos.
Recordemos que es criterio de esta Junta Consultiva que “el conocimiento de las características de la oferta puede ser indispensable a efectos de que los licitadores que no hubieran resultado adjudicatarios logren ejercer su derecho a interponer recurso” (informe 46/09, ahora citado). 1.- Que es adecuada la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de un contrato de obra de una clausula a través de la que se exija al contratista la suscripción de un seguro de responsabilidad civil, siempre y cuando se integre como requisito para la ejecución del contrato y no como condición de aptitud para contratar. El término de enfrentamiento de intereses con el titular del órgano de contratación se configura como un requisito indispensable para extender la prohibición de contratar con causa en el artículo 71.1.g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Campo Público al cónyuge y personas unidas por una relación equivalente de convivencia cariñosa, a los ascendientes y descendientes y a los parientes hasta el 2º nivel de la gente mencionadas en el mencionado producto. En los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos de proyectos es conveniente, según con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, integrar una cláusula que determine claramente que el contratista asume la obligación del pago de los gastos relativos a la tasa de la licencia municipal de proyectos y del impuesto sobre creaciones, instalaciones y obras y otros tributos que logren reemplazarlos, en el momento en que sean exigibles de conformidad con la normativa vigente.
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• Pasado el plazo de un año a que se refiere el producto 29.8 de la Ley con relación a los contratos inferiores, no será precisa la emisión de informe a que alude el producto 118.3 pero ello no piensa que pueda vulnerarse la prohibición de la perturbación fraudulenta del contrato. Consecuentemente, tal limitación prosigue operando como límite genérico a la celebración de contratos inferiores. • La definición de los específicos puntos del pliego de cláusulas administrativas particulares debe tenerse en cuenta para valorar la posible desproporción de los criterios de adjudicación basados en la experiencia, sin que quepa hacer un pronunciamiento apriorístico de la cuestión. De exactamente la misma norma dejan que las entidades del ámbito público dependientes de la AGE, de las CCAA y de las ciudades autónomas, de los Cabildos y Consejos Insulares y de las Diputaciones Forales y Provinciales que tengan la condición de poderes adjudicadores puedan conferir pedidos a TRAGSA y su filial TRAGSATEC siempre y cuando por estas se cumplan los requisitos que establece la ley, en los términos explicados en este informe.
En el tema sometido a solicitud se exige que para la ejecución del contrato , los monitores dominen el euskera, para lo que frecuentemente se requiere una cierta titulación. Ahora bien, “…en muchas ocasiones los monitores no poseen la titulación oficial requerida que acredite el saber del idioma, si bien lo dominen”, con lo que se plantea la posibilidad de ingresar en el pliego una cláusula que deje que, en la situacion de no contar con algún monitor de la titulación demandada, se pueda probar el saber del idioma mediante la realización de una prueba frente a la mesa de contratación. La contestación por la parte de la Junta Consultiva niega tal oportunidad. “5.Según el artículo 1 del TRLCSP, entre los principios que deben reportar la contratación pública, está el de transparencia en los métodos. El hecho de que la Mesa para valorar las promociones, pudiese emplear un método propio que pudiera adoptarse ad hoc, como es efectuar pruebas o exámenes a los licitadores, podría dar lugar a que se generen inquietudes sobre la adecuada objetividad de la Mesa. Aunque la jurisprudencia ha venido admitiendo que dado que pudiera intervenir un perito de la Administración (entiéndase, empleado público) en el trámite no es causa por sí sola para dudar de la objetividad de los mismos, no es menos cierto que otra jurisprudencia menor, han venido aceptando lo opuesto.
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De esta manera, la regla identifica cuatro categorías de clasificación -«Alto Secreto», «Secreto», «Confidencial» y «Restringido»- y le da a cada una un nivel de protección diferente, dependiendo del peligro que puede sospechar para la seguridad o la defensa nacional su revelación no autorizada o su utilización indebida. El Consejo de Ministros ha aprobado, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada. Una regla proyectada en el Plan De forma anual Normativo de 2022, cuya presentación fue anunciada por el presidente en el Enfrentamiento sobre el Estado de la Nación. Este aumento presupuestario de más del 45% en los últimos cuatro años responde a la apuesta del Gobierno por mejorar la igualdad del sistema educativo, proteger el derecho a la educación de todos y garantizar que las becas llegan a las familias y los alumnos que las precisan. En la situacion del autoconsumo, se admite el cambio de modalidad cada cuatro meses, y se establece un nuevo mecanismo en caso de que una nueva instalación con derecho a compensación de los excedentes tarde mucho más de dos meses en regularizarse. Los sistemas de almacenaje experimentan un fuerte impulso, al habilitar su incorporación al parque de renovables históricas que perciben una retribución concreta (hay 22 GW eólicos y 8 GW fotovoltaicos), y al achicar los permisos para modernizar las plantas de energía hidroeléctrica añadiendo equipos electrónicos a sus grupos electromecánicos, haciéndolos mucho más flexibles y dando permiso que se utilicen como bombeos.
2ª.- El importe de las variantes de medición a que se refiere el producto 217.3 de la LCSP, (234.3 TRLCSP) cuyo importe no supere el 10% fijado en dicho producto y que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 160.2 del R.G., se recojan posteriormente en un emprendimiento cambiado, no debe de computarse al lado del importe de las ediciones que han dado lugar al proyecto cambiado, a efectos de estimar el límite del 10% que establece la perturbación importante del contrato. En consecuencia, dichas variaciones de medición deberán reflejarse de forma distinguida en el emprendimiento modificado, a fin de poder realizar el control distinguido del cumplimiento de los dos límites. A) Identificar las promociones o proposiciones que tienen dentro valores anómalos o desproporcionados por aplicación de los criterios previstos en los pliegos o en el aviso o en la normativa vigente aplicable. “1.-Los presuntos en que un contrato adjudicado no llega a formalizarse por causa imputable al adjudicatario, y que, por tanto, no llega a perfeccionarse, no son digeribles al supuesto que da lugar a la resolución de un contrato ahora que existe sosprechado en el producto 60.2.a) del TRLCSP.
La Junta
No obstante, ateniéndose a el modo perfecto en que se regulaba la modificación de los contratos en la LCAP –que al fin y al cabo es el régimen a aplicar a este contrato- si semeja viable tal modificación. El artículo 88.1 del TRLCSP ha de ser entendido en el sentido de que en el momento en que el órgano de contratación calcule el valor estimado de un contrato deberá cuantificar las modificaciones en alza que prevean el pliego de cláusulas administrativas particulares o el aviso de licitación, para, a continuación, agregar este importe a los demás conceptos que tienen dentro el valor de conformidad con el artículo 88 del TRLCSP, entre los que la Ley expresamente cita las eventuales prórrogas del contrato. Las ediciones “a la baja”, aún en el momento en que estén previstas, no han de ser tenidas presente en el cálculo del valor estimado del contrato. La subrogación sosprechada en una norma jurídica de un ente, organismo o entidad del campo público en la situación jurídica de órgano de contratación de otro ente, organismo o entidad del ámbito público se genera por disposición normativa y se puede considerar precisa la audiencia de la compañía contratista, si no se da una identidad entre los entes, organismos o entidades del campo público respecto de los cuales trabaja.
Por otra parte, la novedosa regla incluye también medidas para substituir los comburentes fósiles por renovables. Entre ellas resalta la aceleración de las tramitaciones de las redes eléctricas, disminuyendo los requisitos, singularmente en el caso de las infraestructuras de transporte y de las consideradas singulares, como las interconexiones entre las islas, que corresponden a Red Eléctrica de España. En un contexto en el que los 27 miembros de la UE han acordado achicar de manera voluntaria su consumo de gas, esta medida busca minimizar el impacto económico y popular de un eventual corte de suministro de gas ruso. Gracias a ello, el Gobierno está preparando un Plan de Contingencia, que incluirá medidas de ahorro de energía y actuaciones solidarias con el resto de la UE, que se presentará a finales de septiembre. En este contexto, se incluye un nuevo régimen sancionador para asegurar el cumplimiento de las obligaciones precedentes, con sanciones de hasta 4.000 euros.