Las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de campo subregional que sean de app directa prevalecerán desde su entrada en vigor sobre las determinaciones que estuvieran actuales de los proyectos convocados en el apartado 1 de este producto. Los planes de ordenación del territorio van a ser públicos y vinculantes. El nivel de vinculación dependerá de la naturaleza de sus determinaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5. La aprobación de todos los instrumentos y documentos que se precisen para el desarrollo y completa ejecución del Proyecto de Actuación, incluidos los proyectos de urbanización que procedieren, corresponderá en todo caso a la Consejería competente en temas de Ordenación del Territorio y Urbanismo. B) Integrarán las actuaciones de transformación urbanística en la morfología del territorio y del paisaje, definiendo adecuadamente los bordes urbanos y el contorno urbana, y conservando la singularidad paisajística y la identidad visual del rincón. F) Las determinaciones de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y del instrumento de ordenación urbanística que deban ser objeto de adaptación, justificando las alteraciones proposiciones.
Transcurrido sin efecto el plazo sosprechado en el parágrafo previo, el procedimiento de expropiación forzosa se comprenderá iniciado por ministerio de la ley si, efectuado requerimiento a tal fin por la persona propietaria afectada o sus causahabientes, transcurren seis meses desde dicho requerimiento sin que la incoación se produzca. Con la Entidad de Urbanización podrá colaborar una compañía urbanizadora, que acepte la financiación de la actuación y la ejecución de las proyectos de urbanización. C) La enajenación, o autorización al agente urbanizador o entidad que asuma la administración indirecta de la actuación para la enajenación, de suelo edificable guardado para subvencionar los gastos de urbanización de la actuación hasta su liquidación definitiva. A) Reclamar a la gente propietarias, aun por la vía de apremio, el pago anticipado de los gastos de urbanización previstos para los seis meses siguientes.
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D) Los ingresos conseguidos en virtud de las sanciones urbanísticas, una vez descontado el importe destinado a asegurar el coste de la actividad administrativa de inspección y disciplina territorial y urbanística. D) Garantizar una oferta de suelo bastante con destino a la ejecución de viviendas protegidas. El justiprecio se fijará por mutuo acuerdo o, con carácter definitivo, por resolución de la Comisión Provincial de Valoraciones. El mutuo acuerdo va a ser viable cualquier ocasión previo a la fijación definitiva en vía administrativa del justiprecio y va a deber respetar los criterios de valoración a que tiene relación el apartado 1.
Se ofrece, de esta manera, un modelo que rompe con el rigor formalista de la legislación de hoy para abordar los retos que tienen el día de hoy las ciudades y el territorio, con el propósito final de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. El correcto encaje de la ordenación urbanística dentro del marco general de la ordenación territorial se revela asimismo como una necesidad acuciante. No es razonable sostener por más tiempo dos modelos de ordenación tan distinguidos. Por un lado, el de la legislación urbanística, cuyas carencias para amoldarse a las novedosas necesidades son evidentes y, por otra, el de la legislación territorial, tan general y abstracta que escasas de las proposiciones que contienen los planes territoriales -como las áreas de ocasión de los planes de campo subregional- llegaron a realizarse y ejecutarse. C) Aquellas ocupaciones y proyectos, públicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse a los instrumentos de prevención y control ambiental establecidos en los parágrafos a), b) y d) del producto 16.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Dentro de la Calidad Ambiental, que aparecen en el Anexo I de la presente ley. En este supuesto, la resolución de los instrumentos señalados anteriormente contendrá el informe de evaluación de impacto en la salud.
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11. La gobernanza tiene un marcado carácter integrador. En ella convergen diferentes políticas sectoriales, cuya necesidad de coordinación y congruencia a diferentes escenarios de gobierno es reconocida en la Dimensión sobre Gobernanza de la Agenda Urbana Andaluza. Toda política rural debe buscar el logro de una mayor integración de su entorno, facilitando una relación de complementariedad con el medio urbano, promoviendo en el medio rural un desarrollo sostenible y afrontando los retos de envejecimiento y despoblamiento en determinadas áreas. Para ello, entre los objetivos es ampliar la base económica del medio rural a través de la preservación de actividades competitivas y multifuncionales, incorporando novedosas ocupaciones compatibles con un desarrollo sostenible y con una limitada, pero no rechazable, función residencial.
B) De los usos extraordinarios que, de conformidad con lo preparado en la presente ley, tengan la posibilidad de autorizarse en esta clase de suelo. A) Ejecutar, en su caso, la urbanización complementaria a la edificación necesaria para que los terrenos alcancen o recuperen la condición de solar. B) Suelo rústico preservado por la existencia acreditada de procesos naturales o ocupaciones antrópicas susceptibles de generar peligros, lo que hace incompatible su transformación mediante la urbanización mientras subsistan dichos procesos o actividades. B) Estar transformados urbanísticamente por contar con acceso rodado por vía urbana y conexión en red con los servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. El período máximo para contestar la consulta será de un par de meses, a menos que las ordenanzas municipales prevean un plazo inferior.
El lapso de este período sin que la referida adaptación se haya producido determinará la prevalencia de las determinaciones territoriales sobre el planeamiento urbanístico perjudicado. Cuando el instrumento de ordenación urbanística prevea en suelo urbano actuaciones públicas para la obtención de sistemas generales y locales no sometidos a actuaciones de transformación, la ejecución se realizará a través de modalidad asistemática, en los términos previstos en el artículo 115.1.b). Estos usos y proyectos deberán cesar y, en cualquier caso, ser demolidas las proyectos, sin derecho a indemnización alguna, en el momento en que de esta manera lo acuerde la Administración Pública competente en materia de urbanismo, en los términos desarrollados reglamentariamente.
Las condiciones para impedir la formación de nuevos asentamientos se establecerán reglamentariamente sabiendo las especificaciones de los municipios, su composición parcelaria y la presencia de agrupaciones de edificaciones irregulares, tal como los factores de ocupación, de parcela y algún otro que se considere necesario para asegurar la preservación de las características del suelo rústico. El título IV establece detalladamente la ordenación urbanística. El nuevo esquema de los instrumentos de ordenación urbanística pretende facilitar la visión del planeamiento general como un acumulador de contenidos y determinaciones que venían a complicar su tramitación, incluso para los casos mucho más sencillos. De esta manera, se ha configurado un sistema de instrumentos de ordenación basado en dos figuras que facilita su tramitación y facilita su avance. Por una parte, el Plan General de Ordenación Municipal, como instrumento con el que se configura y define el modelo de localidad a medio y largo período, y, por otro, el Plan de Ordenación Urbana, como instrumento propio de ordenación detallada de la región existente y de contestación a las necesidades de mejora, regeneración y rehabilitación de esta.
Reglamentariamente se establecerán los mecanismos de participación de cada campo de actuación o unidad de ejecución en la ejecución material de los sistemas generales y locales recurrentes que requieran una íntegra ejecución, ya sea previa, simultánea o posterior al desarrollo de los mismos, tal como los de ejecución por el Municipio, sin perjuicio de su repercusión a aquellos. Reglamentariamente se determinará el régimen de obtención de terrenos premeditados a sistemas en general y locales en el momento en que la imposibilidad física de materializar la cesión de suelo conlleve otras formas de cumplimiento de dicho deber previstas en el producto 28.b), incluyendo la sustitución, de manera alentada, total o medianamente, por su equivalente en metálico. Las Entidades de Urbanización se regirán por sus estatutos, que van a deber ser aprobados por la Administración actuante, a iniciativa de la mayor parte de las cuotas de participación en la entidad, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de la solicitud, que se suspenderá en el caso de concurrir ciertos supuestos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo.
El vencimiento de dicho período sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o apasionados para comprenderla aprobada por silencio administrativo. En el momento en que la ejecución requiera la realización de obras de urbanización a costear por los particulares, según lo sosprechado en la presente ley o en el instrumento de ordenación urbanística, el campo de actuación se sujetará al pago de cuotas de urbanización para la asunción por las personas propietarias del coste de las infraestructuras y los servicios previstos. La ejecución de los instrumentos de ordenación urbanística se realizará mediante la modalidad asistemática en el momento en que no proceda la delimitación de entidades de ejecución pero se requiera actividad de gestión con carácter antes de la realización material de las actuaciones. Dicha modalidad operará tanto en actuaciones de transformación urbanística como en actuaciones urbanísticas.